La ley que aprobó el gobierno de Laos contiene una serie de provisiones que limitan los derechos de los internautas, específicamente el que se refiere a la libre expresión.

A principios de este mes el gobierno de Laos, en el sureste asiático, aprobó una ley sobre Internet que pese a que fue presentada como un medio para fomentar el crecimiento de la red, contiene una serie de previsiones que limitan los derechos de los internautas, particularmente el que se refiere a la libre expresión.

En tres diferentes artículos la ley establece regulaciones sobre el contenido de la información que se comparte en la red y cómo debe compartirse. Así, el artículo 6 reconoce el derecho de los individuos de intercambiar información en línea pero obliga a los administradores de los sitios web a “revisar el contenido antes de ser difundido en su página web”. Además, este mismo artículo dispone que “la información que no es (aprobada) por los medios oficiales u organizaciones de medios oficiales, legalmente no puede ser usada oficialmente” lo que implica que debe haber una previa autorización oficial de la información.

Por su parte el artículo 7 prohíbe la creación de cuentas anónimas o bajo seudónimos en redes sociales, requiriéndose que los individuos se registren proporcionando “nombres, apellidos y domicilio actual conforme a la documentación oficial”.

El artículo 9 expresamente prohíbe subir y compartir información que contenga lo siguiente:

  • Información falsa o errónea sobre el Partido Revolucionario Popular de Lao, que altere la paz, independencia, soberanía, unidad y prosperidad del país;
  • Circular información que anime a los ciudadanos a involucrarse en actividades de terrorismo, homicidio y desórdenes sociales;
  • Apoyar en línea campañas que pretendan terminar con la solidaridad entre los grupos étnicos y los países;
  • Diseminar información que distorsione la verdad o que empañe la dignidad y derechos de los individuos, sectores, instituciones u organizaciones;
  • Compartir comentarios con algún contenido de las prohibiciones anteriores.

Los artículos 11 y 13 de la nueva ley obligan a los proveedores de servicios de Internet y a los administradores de páginas web a cancelar el acceso y bloquear temporal o definitivamente a usuarios que se compruebe que violan los decretos gubernamentales u otras regulaciones. Además, deben cooperar y proporcionar información a las entidades de gobierno que conduzcan investigaciones.

El artículo 14, por su parte, prohíbe a los proveedores de servicios de Internet proporcionar asistencia o medios a los individuos, personas morales u organizaciones que pretenden debilitar al partido y/o las políticas de gobierno.

Respecto de los organismos encargados de la ejecución de esta ley, se facultan a numerosas entidades en diversos sectores desde turismo, cultura e información hasta seguridad nacional. Los primeros tienen la facultad de “monitorear, diagnosticar y analizar el contenido de la información en Internet”, y las autoridades de seguridad pública quedan facultadas para “recabar, revisar y analizar la información contenida en Internet, que altere la estabilidad nacional y la seguridad social”. Además pueden iniciar investigaciones de individuos y organizaciones sospechosas de infringir la ley.

De acuerdo con los analistas del sitio Thediplomat.com, se trata de una ley que restringe el uso de Internet en lugar de fomentar su crecimiento particularmente en las áreas de comercio electrónico e innovación, que es lo que el país requiere como parte de su desarrollo.