La semana pasada corrió por todos los medios de información, la noticia sobre la clausura de la taquería “El borrego viudo”, hoy notamos que la titularidad del registro de marca ha variado en los últimos 27 años.

La taquería famosa por dar servicio las 24 hrs del día, “carece del uso de suelo correspondiente”, según el argumento del Instituto para proceder a su clausura. Hoy nos enfocamos en analizar qué sucede con esta marca, pues hace algunos años fue cotizada en aproximadamente dos millones de pesos.

Cuando se solicitó el registro ante el Instituto Mexicano de la propiedad Industrial (IMPI) en el año 2000, se dijo que se había venido usando desde 1977, y su primer titular en el nuevo milenio era Conrado Villagran Camarena.

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Teniendo diez años de vigencia, en el año 2010 estuvo a punto de perderla, sin embargo se renovó el título que otorgó el IMPI en tiempo y forma.

El titular había sido hasta hace un par de meses el señor Conrado; pero el 24 de marzo la señora Verónica Villagrana Camarena registró ante el IMPI el contrato con fecha 13 de noviembre de 2014 donde el todavía titular, cede todos y cada uno de los derechos de propiedad industrial a la señora Verónica Villagrana referentes a la marca “El borrego viudo”.

Sin embargo existe una segunda cesión de derechos presentada el día 30 de marzo de 2017 por José Ricardo Macías, donde el titular Conrado Villagrana Camarena, cede de igual manera los derechos de la marca a José Ricardo a través de un contrato con fecha 14 de agosto de 2012, es decir anterior al presentado por Verónica Villagrana.

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La marca se encuentra en disputa por los documentos presentados tanto por Verónica Villagrana como José Ricardo Macías, ya que ambos cuentas con contratos que presumen la cesión; el IMPI se encuentra analizando la situación.

Como puedes notar, del registro de una marca devienen múltiples procedimientos que de realizarse deben atenderse con cautela para no recaer en procedimientos de este tipo.

La mejor recomendación, como siempre decimos es la prevención, y una de las maneras de evitar conflictos en este sentido, es contar con un contrato avalado y firmado en presencia de una persona con fe pública como un notario o un corredor público, esto para reforzar la credibilidad del documento.

Toca el turno al IMPI, o bien a los tribunales administrativos resolver el asunto con los escritos que al momento se conocen.