Esto a menudo sucede con marcas conocidas, como Nike, Adidas, iPhone, etc. que evidentemente son gigantescas, pero sin importar el nivel de consumo que tu marca pueda llegar a tener, posees derechos para impedir que sea utilizada.

Cuando el titular de una marca registrada concede a otra persona una autorización, se entiende que esta otra persona utilizará la marca para los fines y explotación que le convengan; sin esta autorización el uso es ilegal.

Volvamos la principio, si cuentas con un registro marcario que ofrece determinados productos o servicios, y de pronto notas que un tercero ajeno utiliza tu misma marca o una sumamente similar para ofrecer los mismos productos o servicios, cuentas con todas las herramientas para exigir que detenga la explotación y requerir un pago por daño y perjuicios.

En México, el procedimiento se llevará a cabo a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Y para tener un resultado favorable, recomendamos realizar ciertas acciones previas:

  • 1.- Documentar los usos que el tercero viene realizando.
  • 2.- Saber quién es la persona que hace uso de la marca.
  • 3.- Tener un acercamiento que prevea una conciliación extrajudicial.

La principal recomendación es buscar una negociación y un acuerdo que no involucre Instituciones ni demandas, y muchas veces se puede lograr de manera amigable; pero algunas veces no, y es cuando deben documentarse, si es posible con un fedatario público, los actos que viene realizando este tercero.

Es importante decir que a partir de aquí comienza la inversión y los gastos y costas de un procedimiento de esta naturaleza.

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El inicio de este procedimiento legal, se da con el ingreso de una demanda, llamada Solicitud de Declaración Administrativa de Infracción. En la cual se declara la marca en cuestión, y sus datos incluyendo al titular, también deben plantearse el nombre del sujeto o persona moral a quien se esté reclamando. Y todos aquellos requisitos que establece el artículo 189 de la LFPI.

Es preciso mencionar que deben adjuntarse pruebas desde el momento en que se inicia con el reclamo de la acción, es decir, las pruebas deben acompañar a la solicitud inicial. Las pruebas podrán ser las documentadas por el fedatario público o bien las que el reclamante posea y que su especialista autorice para presentar.

Después de esto, personal del Instituto acudirá al establecimiento que el reclamante declaró en su solicitud de declaración administrativa de infracción, para hacerle saber al tercero o infractor del acto que se reclama. Se le concede un plazo de un mes para manifestar por escrito lo que a su derecho convenga.

Si el infractor se niega a recibir al personal del Instituto, se presumirán ciertos los hechos que se le imputen en los procedimientos de declaración administrativa correspondiente.

Por otro lado, si en esta visita, si el inspector comisionado por el Instituto comprobara fehacientemente la comisión de cualquiera de los actos o hechos previstos como infracción el inspector asegurará, en forma cautelar, los productos con los cuales presumiblemente se cometan dichas infracciones o delitos.

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– Las infracciones administrativas a esta Ley o demás disposiciones derivadas de ella, serán sancionadas con:

  • I.- Multa hasta por el importe de veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; F
  • II.- Multa adicional hasta por el importe de quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, por cada día que persista la infracción;
  • III.- Clausura temporal hasta por noventa días;
  • IV.- Clausura definitiva;
  • V.- Arresto administrativo hasta por 36 horas.

La reparación del daño material o la indemnización de daños y perjuicios por la violación de los derechos, en ningún caso será inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público de cada producto o la prestación de servicios que impliquen una violación de alguno o algunos de los derechos de propiedad industrial.