Las obras literarias también son susceptibles de causa de utilidad publica en beneficio de la población.

La utilidad pública es la facultad que tiene el Estado para expropiar la propiedad privada con el fin de beneficiar el interés público, tal y como lo estipula en el artículo 27 Constitucional, haciendo referencia a las tierras que comprenden el territorio nacional.

Pero también tiene la facultad de utilizar las obras literarias en beneficio de la población por causa de utilidad pública. Esto de acuerdo al artículo 28 constitucional que reglamenta a la Ley Federal de Derechos de Autor donde se establece la protección de los derechos de autor.

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Por tanto esta ley establece en su artículo 147 que se considera causa de utilidad pública las publicaciones, traducciones de obras literarias o artísticas que beneficien el adelanto de la ciencia, la cultura y la educación nacional, teniendo también la facultad de hacer llegar esas obras literarias a personas discapacitadas, realizando la edición en todos los formatos posibles a fin de que llegue a toda la población sin afectar los derechos de autor o conexos que pudieran derivarse.

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En el supuesto que el Estado no obtuviere los derechos correspondientes previa remuneración compensatoria al particular, el Ejecutivo Federal por medio de la Secretaria de Cultura podrá autorizar la publicación o traducción que requiera.

Por lo que la Ley Federal de Derechos de Autor creo un reglamento donde regula el Procedimiento por causa de utilidad pública de obras literarias o artísticas, necesarias para el adelanto de la ciencia, la cultura y la educación nacionales. Procedimiento que tiene que ser solicitado a petición de parte.

De acuerdo a la conclusión del procedimiento el Reglamento señala:

Artículo 43.- El Ejecutivo Federal, considerando los resultados del dictamen, podrá expedir el Decreto por el que se declare la limitación al derecho patrimonial por causa de utilidad pública, el cual se publicará en el Diario Oficial de la Federación.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncio al respecto y explica el tema de la facultad del Estado de llegar a otros ámbitos de la sociedad y de acuerdo a las necesidades de la población hacer objeto de causa de utilidad pública los servicios de particulares.

EXPROPIACIÓN. CONCEPTO DE UTILIDAD PÚBLICA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto al concepto de utilidad pública, ha sustentado diversos criterios, en los que inicialmente señaló que las causas que la originan no podrían sustentarse en dar a otro particular la propiedad del bien expropiado, sino que debía ser el Estado, en cualquiera de sus tres niveles, quien se sustituyera como propietario del bien a fin de conseguir un beneficio colectivo a través de la prestación de un servicio o realización de una obra públicos. Posteriormente amplió el concepto comprendiendo a los casos en que los particulares, mediante la autorización del Estado, fuesen los encargados de alcanzar los objetivos en beneficio de la colectividad. Así, esta Suprema Corte reitera el criterio de que el concepto de utilidad pública es más amplio, al comprender no sólo los casos en que el Estado (Federación, Entidades Federativas, Distrito Federal o Municipios) se sustituye en el goce del bien expropiado a fin de beneficiar a la colectividad, sino además aquellos en que autoriza a un particular para lograr ese fin. De ahí que la noción de utilidad pública ya no sólo se limita a que el Estado deba construir una obra pública o prestar un servicio público, sino que también comprende aquellas necesidades económicas, sociales, sanitarias e inclusive estéticas, que pueden requerirse en determinada población, tales como empresas para beneficio colectivo, hospitales, escuelas, unidades habitacionales, parques, zonas ecológicas, entre otros, dado que el derecho a la propiedad privada está delimitado en la Constitución Federal en razón de su función social. Por ello, atendiendo a esa función y a las necesidades socioeconómicas que se presenten, es evidente que no siempre el Estado por sí mismo podrá satisfacerlas, sino que deberá recurrir a otros medios, como autorizar a un particular para que preste un servicio público o realice una obra en beneficio inmediato de un sector social y mediato de toda la sociedad. En consecuencia, el concepto de utilidad pública no debe ser restringido, sino amplio, a fin de que el Estado pueda satisfacer las necesidades sociales y económicas y, por ello, se reitera que, genéricamente, comprende tres causas: a) La pública propiamente dicha, o sea cuando el bien expropiado se destina directamente a un servicio u obra públicos; b) La social, que satisface de una manera inmediata y directa a una clase social determinada, y mediatamente a toda la colectividad; y c) La nacional, que satisface la necesidad que tiene un país de adoptar medidas para hacer frente a situaciones que le afecten como entidad política o internacional.

Acción de inconstitucionalidad 18/2004.—Diputados integrantes de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Colima.—24 de noviembre de 2005.—Mayoría de nueve votos.—Disidentes: José Ramón Cossío Díaz y José de Jesús Gudiño Pelayo.—Ponente: Juan N. Silva Meza.—Secretaria: Laura García Velasco. El Tribunal Pleno, el dieciséis de febrero en curso, aprobó, con el número 39/2006, la tesis jurisprudencial que antecede.—México, Distrito Federal, a dieciséis de febrero de dos mil seis. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, marzo de 2006, página 1412, Pleno, tesis P./J. 39/2006; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, enero de 2006, página 1940.