Se ordenó la liberación del rapero a pesar de que existía la evidencia suficiente para ser procesdo por la Corte Superior

El rapero Brandon Duncan, de 33 años de edad, fue arrestado e imputado por la policía en relación con una serie de tiroteos ocurridos en un vecindario de San Diego, California. Su delito, sin embargo, no fue relacionado directamente con los hechos sino con su más reciente disco.

La fiscalía decidió imputarlo porque encaja en la definición legal de integrante de pandilla pues su último álbum, titulado No Safety, Inseguridad, presenta en la portada la imagen de una pistola y balas lo que significa que su conducta “intencionalmente promueve, fomenta, o asiste en cualquier conducta criminal por los miembros de la pandilla”. Esto con fundamento en el artículo 182.5 del Código Penal que dispone que los miembros de una pandilla pueden ser imputados por los delitos cometidos por su pandilla aun cuando ellos no participaron directamente en la comisión del delito.

Para sostener su acusación la fiscalía expuso que Duncan tiene un apodo de pandillero, lo que lo convierte en miembro de una pandilla, y sacó a relucir su historial criminal pues en 2008 fue acusado de lenocinio aunque los cargos en su contra luego fueron retirados. Asimismo presentaron como evidencia varias fotografías de Duncan con miembros de pandillas.

La defensa de Duncan, a cargo del abogado Brian Watkins, expuso que se necesitaba más que una mera asociación entre su defendido y los miembros de la pandilla, estableciendo que esta imputación era contraria a la libertad de expresión.

“Pienso que todo el mundo está mirando porque se ha puesto nuestra Primera Enmienda de Estados Unidos a juicio al decir que la música de rap de Brandon Duncan incitó estos tiroteos”, dijo el abogado Watkins.

La decisión de la corte de distrito de que existía suficiente evidencia para procesar a Tiny Doo fue apelada y ahora la Corte Superior de San Diego concluyó a favor del defendido estableciendo que no existía evidencia suficiente para imputarlo por los tiroteos y ordenó su liberación.

Por estos tiroteos se imputaron a otros ocho hombres además de Duncan y otro sujeto que también fue puesto en libertad por falta de evidencia. De estos ocho, cinco están esperando proceso por conspiración para cometer homicidio, intento de homicidio y por haber disparado a una vivienda habitada, mientras que otros tres serán procesados por conspiración conforme al citado artículo 182.5 del Código Penal. La fiscalía, sin embargo, no ha señalado aún a los responsables de haber disparado el gatillo.

Sobre la sentencia, la vocera de la fiscalía Tanya Sierra dijo que la oficina del fiscal de distrito respeta esta decisión. “Esta sentencia y opiniones judiciales futuras ayudarán a determinar si el Código Penal de California artículo 182.5 es una herramienta legal viable en nuestra lucha contra los crímenes violentos cometidos por las pandillas de San Diego en todo el condado”.

“En semanas recientes, el fiscal de distrito se ha aproximado a los miembros de la comunidad, legisladores estatales y locales y a líderes confesionales, encontrándose con ellos para discutir sus preocupaciones razonables sobre el uso de esta ley. Mientras que un debate sobre la ley puede ser constructivo y educativo, combatir el flagelo de la violencia letal de pandillas sigue siendo nuestro objetivo. En lugar de esperar que más tiroteos y homicidios victimicen a la comunidad hemos usado esta ley para paralizar a la organización”, añadió la vocera.