Si analizamos el marco jurídico nacional es evidente que en materia de comercio electrónico, muchos hablan de que son insuficientes las reformas que se efectuaron.

En primer lugar, las modificaciones al Código de Comercio resultan un marco sustantivo el cual requiere de la creación de leyes adjetivas. En segundo lugar, es necesario incorporar normas específicas que regulen los actos de comercio que se ejecutan en el entorno digital; por otra parte la Ley Federal del Derecho de Autor es insuficiente al tutelar derechos conexos, es evidente la necesidad de adecuar disposiciones con el fin de que los propietarios de derecho de autor reciban una remuneración adecuada por su actividad. O lograr un modelo que compagine ambos ordenamientos.



Si bien es cierto, la Ley Federal del Derecho de Autor habla todavía de las épocas de las cavernas, es decir fonograma. Es urgente un reforma que especifique los términos digitales y concretar un nuevo modelo que no sea restrictivo y que provoque el desarrollo de la cultura.








Las infracciones previstas en la Ley Federal del Derecho de Autor así como las previstas en materia de comercio, resultan cuestionables debido a que ambos ordenamientos contemplan este tipo de infracciones como si se tratara de dos actividades ajenas entre sí. El fin de lucro es lo que marca la pauta para que sean clasificadas en una categoría o en otra y el tipo de sanción que amerita.


Las infracciones en materia de derechos de autor van de los mil hasta quince mil días de salario mínimo. En tanto, las infracciones que se clasifican en materia de comercio van de los quinientos hasta los diez mil días multa.

Por último, las disposiciones penales en relación con los derechos de autor y en específico en el tema de los derechos conexos, son de cierto modo inadecuadas ante el entorno digital; el marco actual únicamente contempla sanciones cuando se violan derechos autorales, cuando existen actos en materia de comercio electrónico.

La conclusión en este tema es, el evitar la policía cibernética que trate al usuario como presunto culpable, las leyes restrictivas no son la solución, si no los nuevos modelos que permitan generar una sinergia entre todos los actores de cada industria, logrando una inversión social inteligente.